Hasta la fecha, los planes estratégicos han permitido la formulación de objetivos globales y la colaboración público-privada en la definición y desarrollo de grandes proyectos ciudadanos.
Sin embargo, destaca su «excesivo énfasis en la competitividad económica y su escasa exploración del desarrollo sostenible».
Para el cambio de planteamiento cultural, nos enfrentamos a dos realidades diferentes: la que perciben los habitantes de los sistemas urbanos, y la que constituye opinión generalizada en las zonas rurales, o, «espacios poco artificializados».
En las ciudades, el convencimiento social sobre la necesidad de un modelo más sostenible, pasa por la percepción de que la sostenibilidad no solo es compatible con perspectivas aceptables de desarrollo económico, sino que «la ciudad en su conjunto mejora», al ir avanzando en la dirección de la sostenibilidad. Y esta percepción se produce básicamente a partir de la valoración del espacio publico, la eficiencia de los servicios urbanos y la calidad ambiental.
Sin duda, la deformación del urbanismo funcionalista que combina zooning y privatización, caricatura perversa del movimiento moderno, crea una nueva imagen de la “ciudad emergente”, en la que las piezas, los “productos”, la arquitectura de los objetos-mercancía, sustituye a la ciudad del intercambio y la diversidad.
La transición hacia la sostenibilidad urbana, en cambio, se orienta en sentido contrario, actuando en relación al espacio público desde dos perspectivas:
a) desarrollando una política de ciudad productora de espacio público multifuncional de calidad, aprovechando y generando operaciones de recuperación de suelo, dando nuevos usos a espacios ocupados por instalaciones obsoletas y antiguos servicios, detectando los nodos de intersección de los flujos urbanos para crear nuevo espacio público, invirtiendo o modificando las prioridades de uso a favor de los sectores ciudadanos mayoritarios (peatones...),
y b) priorizando esfuerzos económicos, técnicos y organizativos en el mantenimiento y la mejora continua de la calidad de estos espacios, lo que supone, entre otras cosas, la optimización de los servicios urbanos básicos.
En este sentido, se impone una visión de integración de los servicios urbanos, y en muchos casos una reorientación de sus objetivos sectoriales, hacia un objetivo común: la mejora de la sostenibilidad y la calidad urbana que se le asocian.
En las áreas rurales de baja artificialización destaca, por ejemplo, la reivindicación de niveles de calidad de vida similares a los que se disfrutan en la ciudad, y por tanto a todo un conjunto de prestaciones relacionadas con el estado del bienestar y el acceso a tecnologías generalizadas en las áreas urbanas en los últimos años.
La facilidad en el acceso a los servicios propios de los sistemas urbanos es otra de las ideas fuerza que movilizan al mundo rural. Porque, la eficiencia de los servicios urbanos básicos no solo predispone a la población a favor de la sostenibilidad urbana, sino que puede mejorar sensiblemente el metabolismo del conjunto de la ciudad (abastecimiento de agua, gestión de residuos, alumbrado, alcantarillado, gestión de los espacios verdes, limpieza, mantenimiento, movilidad, accesibilidad, señalización...)
Por tanto, para concluir, el reto de las ciudades y municipios sostenibles españoles plantea un cambio cultural de gran trascendencia, que solo puede abordarse , de forma colectiva y democrática. Es necesario crear, en cada ciudad, las bases para un ambicioso pacto social en este sentido. El pacto estratégico por la sostenibilidad es tal vez la más eficaz medida que pueden impulsar los responsables políticos para que la transformación de los territorios hacia la sostenibilidad sea posible.
