Sostenibilidad y estrategias en los municipios y ciudades españolas.

Desde la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, ha habido una incorporación generalizada del paradigma del desarrollo sostenible a las agendas políticas del conjunto de las administraciones públicas, particularmente de las de los países llamados desarrollados.

La consolidación del discurso sostenibilista se va acentuando gradualmente, pero los impulsos, al menos en nuestro país, han sido por lo general tímidos y limitados.

Los ayuntamientos democráticos, durante los años noventa, practicaron la «cultura de la superación de los déficits» como base de las propuestas políticas, en la medida en que estos se fueron cubriendo progresivamente, mientras fueron ganando peso las demandas ciudadanas sobre un funcionamiento más eficiente y de mayor calidad de los sistemas municipales en todos los sentidos (servicios urbanos, calidad y protagonismo del espacio público, calidad ambiental, minimización de las disfunciones urbanas, mayor cohesión social, etc. La coyuntura económica actual, pone en entredicho los logros alcanzados, basados en unos ingresos municipales que dependían de la actividad urbanizadora como capital y actividad económica a la vez.

Pero existen otras dificultades, para superar la visión sectorial de la «sostenibilidad», como si se tratase de una nueva área política que se suma al conjunto de áreas políticas consolidadas, y por tanto para dotar a las propuestas de la necesaria transversalidad, reconociéndose la transcendencia de la movilización social y la participación en el conjunto del proceso, y se implementan en consecuencia mecanismos concretos para favorecerlas, en forma de foros, consejos, comisiones, etc.

Se trataría de conseguir la incorporación a los debates y a los ámbitos de reflexión y propuesta de sectores muy importantes del tejido social y productivo. (empresarios, sindicatos...), tendiéndose a una cierta especialización de los colectivos implicados. El problema de fondo es como conseguir una amplia asunción social de los postulados sostenibilistas en el territorio, para lo que el trabajo en red amplifica las potencialidades del municipalismo por la sostenibilidad.

Hay que llamar la atención sobre el hecho de que orientar los recursos a una finalidad económica productiva (de bienes y servicios) con la única consideración de su coste en el mercado, conduce a reforzar la insostenibilidad del funcionamiento del sistema.

La clave está en la reflexión sobre los costes ambientales y sociales del «ciclo de vida» completo de los recursos materiales y energéticos puestos en juego en cada proceso de actividad (que no están reflejados corrientemente en los precios de mercado de los recursos): renovabilidad (el suelo, ejemplo paradigmático, es un recurso limitado y no renovable), procedencia, coste energético y ambiental de su extracción e incorporación al proceso, generación de residuos y disfunciones en el conjunto de su ciclo, etc.

La ecoeficiencia es un concepto inseparable de los procesos urbanos sostenibles a cualquier escala, desde la unidad de producción individualizada hasta los grandes proyectos de ciudad, pasando, evidentemente por las pautas de comportamiento que los individuos asumen en el ciclo de producción y consumo.

Algunos elementos clave al hablar de ecoeficiencia son:

1) la optimización de los procesos y las actividades, tanto en lo que se refiere a requerimientos de materias primas y energía, como a la aproximación a un funcionamiento en ciclo cerrado, minimizador de la producción de flujos residuales.

2)La capacidad de modelización del territorio ha de ser un objetivo, en la medida que permite orientar los procesos en la dirección de un escenario de mayor sostenibilidad, de manera que la planificación y la gestión puedan contar con instrumentos de simulación suficientes para poder dibujar el futuro que estamos proyectando.

3)La tercera condición para el desarrollo sostenible se articula en torno a la cohesión social, entendiendo que la sostenibilidad territorial es solo viable en un contexto que favorezca una distribución equitativa de los atributos principales del estado del bienestar (sanidad, educación, ocupación) y que impulse la diversificación del tejido económico y cultural.